En los últimos años, he acompañado a diversos exservidores públicos en la defensa de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa (PRA) ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Y si hay algo que me preocupa —y que seguramente muchos abogados y autoridades locales comparten— es la falta de criterios uniformes en las resoluciones del tribunal.
He visto casos prácticamente idénticos:
- Mismos hechos.
- Mismo ejercicio fiscal (incluso el mismo fondo federalizado).
- Misma irregularidad señalada por la Auditoría Superior de la Federación.
- Mismo perfil de servidor público.
Y aun así… resoluciones completamente diferentes, que dependen únicamente de la mesa o sala auxiliar que los resuelve.
🧩 ¿Qué está pasando?
No se trata de una diferencia jurídica fundada en el análisis del caso. En muchos expedientes que hemos estudiado, no existe una argumentación clara que justifique el trato diferenciado. Todo parece depender de si la mesa considera que hubo “omisión”, “desviación de recursos” o simplemente un error administrativo corregible.
Esto genera un enorme problema para la defensa: no hay certeza jurídica, y los criterios del TFJA, lejos de consolidarse en precedentes, se están fragmentando. Es como jugar una partida sin conocer las reglas completas.
📌 ¿Qué puedes hacer si estás enfrentando un PRA?
Aquí algunos consejos desde mi experiencia:
- No subestimes el procedimiento. El hecho de que no haya una sanción económica directa no significa que no haya consecuencias graves: inhabilitaciones, afectación reputacional y bloqueo de carrera en el servicio público.
- Prepara tu defensa con documentación detallada. Todo lo que no esté en el expediente… no existe para el tribunal. Hay que probar el contexto, las decisiones y los fundamentos de cada acción u omisión.
- Invoca criterios previos favorables. Aunque no sean vinculantes, sirven para mostrar que existe disparidad de criterios en casos idénticos, y exigir un trato equitativo.
- No enfrentes solo al TFJA. Este no es un tribunal que opere con lógicas administrativas simples. Es técnico, formalista, y muchas veces incluso contradictorio. Necesitas una estrategia jurídica clara.
⚠️ Un llamado a la reflexión institucional
La ASF y los entes fiscalizadores tienen el deber de observar el correcto ejercicio del gasto. Pero cuando una observación se convierte en acusación administrativa, el servidor público tiene derecho a una defensa con reglas claras, y a una resolución con criterios consistentes.
Lamentablemente, hoy eso no está garantizado.
En lo personal, creo que la defensa ante el TFJA debe verse no como una reacción, sino como una oportunidad para evidenciar fallas estructurales del proceso de fiscalización:
- Pruebas mal valoradas.
- Omisión del principio de tipicidad.
- Exceso de carga probatoria sobre el servidor.
- Y, sobre todo, inconsistencias internas del propio tribunal.
Mientras los criterios no se unifiquen, nuestra labor como defensores es construir expedientes sólidos, argumentaciones contundentes y exigir justicia con técnica… incluso en terreno desigual.